lunes, 25 de febrero de 2013

El Caracazo

El Caracazo o Sacudón fue una serie de fuertes protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el día 27 de febrero y terminó el día 28 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos, recordando a otro hecho violento ocurrido en Colombia el 9 de abril de 1948; el Bogotazo. La masacre ocurrió el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de 3500 personas fallecidas.

 ENTREVISTA LILIANA ORTEGA, DIRECTORA DE COFAVIC

"Por la impunidad en el Caracazo hemos tenido muchos mini 27F"

"Cuando un Estado apela al pasado para justificar el presente acaba con la democracia, porque el presente debe ser mejor que el pasado"


lunes 25 de febrero de 2013  12:00 AM
"El Caracazo señaló un fin y un comienzo (...) fin de un sistema ahogado en la vergüenza, comienzo de una época de cambio que exigía renacer en dignidad popular". Así el presidente Hugo Chávez volvió a exaltar, en una carta atribuida a él y que fue leída el pasado 4 de febrero, la importancia que para el proceso que lidera tuvieron los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y principios de marzo de 1989. 


Sin embargo, cuando restan horas para que se conmemore el 24 aniversario de sus hechos en los que un número no determinado de personas fueron asesinadas por la represión policial y militar lanzada por el Gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, con el propósito de parar en seco los saqueos y protestas provocadas por su plan de ajuste económico, poco pueden exhibir las autoridades en materia de justicia, pues todavía nadie ha sido condenado por los crímenes cometidos. 

La denuncia la formuló Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), quien lamentó que ni siquiera el caso por la muerte de Crisanto Mederos, el cual fue declarado "prescrito" por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2007 y el año pasado fue reabierto por esa misma instancia, se haya avanzado algo en estos doce meses. 

"¿Qué hemos tenido en estos años? Un reconocimiento de los hechos, que es importante, pero todavía se desconoce cuántas personas fueron asesinadas y ningún desaparecido ha sido identificado", se lamentó en entrevista con El Universal, en la cual aseguró que el país ha pagado, paga y seguirá pagando las consecuencias de que estos crímenes sigan impunes. 

-Las autoridades prometen que el miércoles se instalará la Comisión de la Verdad, que investigará los abusos cometidos en el pasado, incluyendo el Caracazo. ¿Qué expectativa tienen? ¿Han sido llamados a participar? 

-Cofavic no ha sido llamada formalmente para eso, pero me gustaría decir que uno de los mecanismos de impunidad que hemos tenido en estos años ha sido la criminalización de las víctimas. Desde el Estado se ha buscado culpabilizar a las víctimas de que no se hayan identificado a los fallecidos o porque las averiguaciones no avancen, pese a que fue gracias a esas mujeres que Venezuela supo lo que estaba ocurriendo estando el presidente Pérez en Miraflores. Es muy fácil hablar de estos hechos 24 años después, pero las voces que se levantaron lo hicieron en el momento de los hechos. 

En Venezuela se ha venido instalando una práctica que representa un duro revés para los Derechos Humanos: Establecer víctimas buenas y malas. Se ha venido aplicando un doble rasero, como si hubiera casos que merecen ser investigados y otros que no. Las desapariciones forzadas de Vargas de 1999 no ocurrieron, mientras que las de los 60, 70 y 80 sí. Todas las víctimas merecen justicia. 

-¿No crees que la Comisión sirva para algo? 

-Ojalá esa Comisión satisfaga a las víctimas, pero que lo haga de manera despolitizada. Si son importantes las víctimas de los 60, 70 y 80 también deben serlo los casi 8 mil ajusticiados por la policía entre 2000 y 2008 que el Ministerio Público reconoce. La impunidad en casos como el Caracazo es una muy mala señal para los Derechos Humanos. 

-Se ha dicho que el Caracazo impulsó la violencia que hoy se vive en el país. ¿Eso es cierto? 

-Cuando estudiamos el Caracazo para llevarlo ante la Corte Interamericana nos percatamos de que los elementos estructurales que provocaron este hecho estaban ligados a la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, a la corrupción, al desmejoramiento de la calidad de vida y a unos elementos coyunturales como el desabastecimiento de alimentos y a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno. Luego del año 89 la crisis política y económica en la que ha estado inmersa Venezuela, más la corrupción y la impunidad han ido creando pequeños caracazos en distintos estados del país. 

El hecho de que tengamos 20 mil homicidios al año representan un Caracazo de una magnitud enorme, en especial porque menos de 3% de ellos fueron estudiados por los jueces. Ciertamente el Caracazo puede ser tomado como un punto de inflexión, pero lamentablemente para mí es un punto de partida y no de llegada para el auge de la violencia. Cuando un caso de Derechos Humanos queda impune no está afectando a las víctimas sino a la sociedad, porque el mensaje que se manda a los criminales es que estos hechos se pueden repetir sin ningún tipo de consecuencia. 

-Muchas de esas causas se mantienen. ¿Podría repetirse otro Caracazo? 

-Es difícil saberlo, pero sí se debe llamar la atención sobre el déficit institucional y la impunidad que dieron origen al Caracazo, porque ellas siguen presentes. En la Fuerza Armada hay conciencia sobre el daño que causó el Caracazo. Sin embargo, 24 años después todos los planes policiales y de orden público siguen estando en manos de militares y eso es muy grave. También hay que decir que a partir del año 89 el país se ha ido anestesiando frente a la violencia y hemos tenido a partir de ese año microcaracazos en los barrios y en distintos estados. En 89 los saqueos ocuparon las primeras páginas de los diarios y horas en la televisión, pero hoy saquean un camión accidentado en las autopistas y no se le da importancia, porque se ha ido naturalizando la violencia y eso es muy peligroso. 

-¿A tu juicio cuál es la consecuencia más grave del 27F? 

-Las ejecuciones extrajudiciales. En Cofavic hemos documentado, de enero a diciembre de 2012, 447 casos de presuntas ejecuciones en 19 estados. Es importante saber que en muchos de estos casos hay más de una víctima y en promedio hay cuatro funcionarios policiales involucrados. El propio Ministerio Público reconoció que entre 2000 y 2008 registró más de 8 mil casos y además que menos del 3% llegaron a manos de los jueces (...) Esta es una de las cifras más altas de América Latina, compitiendo con Honduras y Colombia. 

-¿Esto no pasaba antes? 

-Hubo casos como el de los pozos de la muerte en Maracaibo, pero era un asunto focalizado. Hoy tenemos estructuras paralelas en las policías, especialmente en el interior, que se han venido fortaleciendo por la impunidad, las cuales han estado involucradas en actividades delictivas a la par de sus funciones policiales. En Derechos Humanos es importante leer el pasado para no repertirlo, pero cuando un Estado apela al pasado para justificar el presente lo que está haciendo es acabar con la democracia, porque el presente siempre tiene que ser mejor que el pasado.

ANTECEDENTES:
La economía venezolana cayó a partir del endeudamiento que generó el país después del "boom" petrolero en los 70. A partir de ese momento, comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Estas situaciones incrementaron la desinversión privada, generando una escasez gradual. En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3.879.024 votos (52, 91% de los sufragantes), hasta esa fecha, el mayor número de votos en términos absolutos.
Con este gran respaldo popular el gobierno de Pérez buscó dar un cambio al liberar la economía, a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiariadeuda externacomercio exterior, sistema financiero, política fiscalservicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos.
Las principales medidas anunciadas fueron:
  • Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
  • Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.
  • Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
  • Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
  • Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
  • Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
  • Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina.
  • Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.
  • Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo.
  • Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
  • Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto.
  • Congelación de cargos en la administración pública.
A solo pocas semanas de asumir el gobierno el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajuste y de medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
Las medidas económicas y sociales impuestas por el gobierno y la creciente tasa de pobreza, originaron la masacre y la ola de violencia llamada como el "Caracazo".
Las protestas se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 15 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero de 1989, también se desatan los saqueos y la violencia en Caracas, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el descontrol y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más violenta.1
En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.
En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela.
Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La GuairaMaracayValenciaBarquisimetoMéridaCiudad Guayana.
Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia desmesurada. En la ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones. Algunos utilizaron armas de fuego para defenderse o atacar a los militares, pero las muertes de policías y militares fueron incomparables con las muertes de civiles.
Hay un número de muertos, calculado según las fuentes, entre 73 y 100 muertos, enormes pérdidas materiales y miles de heridos. Fuentes extraoficiales señalaron que el número de muertos fueron de 400. La represión fue especialmente dura en los barrios pobres de la capital.2
El poder ejecutivo suspendió las garantías constitucionales. Durante varios días la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución política y el asesinato de personas inocentes.
PROTESTAS:
Las protestas se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 15 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero de 1989, también se desatan los saqueos y la violencia en Caracas, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el descontrol y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más violenta.1
En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.
En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela.
Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La GuairaMaracayValenciaBarquisimetoMéridaCiudad Guayana.
Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia desmesurada. En la ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones. Algunos utilizaron armas de fuego para defenderse o atacar a los militares, pero las muertes de policías y militares fueron incomparables con las muertes de civiles.
Hay un número de muertos, calculado según las fuentes, entre 73 y 100 muertos, enormes pérdidas materiales y miles de heridos. Fuentes extraoficiales señalaron que el número de muertos fueron de 400. La represión fue especialmente dura en los barrios pobres de la capital.2
El poder ejecutivo suspendió las garantías constitucionales. Durante varios días la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución política y el asesinato de personas inocentes.
                                                  PELÍCULA COMPLETA SOBRE "EL CARACAZO"