sábado, 27 de febrero de 2016

Caracazo

Hoy se cumplen 27 años del estallido social “El Caracazo” (Video)


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Hoy se cumplen 27 años del estallido social “El Caracazo”
Este sábado se cumplen 27 años de uno de los episodios más trágicos que ha vivido la política venezolana, cuando ocurrió el estallido social denominado “El Caracazo”, en el que un enardecido pueblo le exigió cuentas al entonces presidente Carlos Andrés Pérez (CAP), quien falleció el 25 de diciembre de 2010, en Miami, EE UU, por un ataque cardíaco.
A continuación una reseña del suceso elaborada por la web Venezuela Tuya:
Al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En este sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente “paquete económico” o “El paquetazo” concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.
En términos generales, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los tres años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante tres años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.
Todas las medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los tres meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional. Ese día los choferes de las rutas interurbanas (sobretodo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil. Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y alta. En cuanto a los protagonistas de los actos vandálicos, se dice que los mismos fueron perpetrados en su mayor parte por sujetos de estratos populares, aunque también estuvieron involucrados individuos pertenecientes a la clase media.
caracazo.jpg_1718483346-400x227Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (estado Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de evidente orientación delictiva. Aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete. Por otra parte, esta situación se vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido.
Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber cómo actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos.
El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo que sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992, cuyo rebelión estuvo liderada por el actual mandatario de la República Hugo Chávez.
450En términos generales, las condiciones socioeconómicas generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar, y acentuadas por las irregularidades en el intercambio económico ocurridas durante los últimos meses de 1988 y primeros de 1989, crearon en la población fuertes sentimientos de frustración socioeconómica y falta de credibilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y de los agentes económicos para actuar con seguridad y equidad.
Por otro lado, el proceso electoral de 1988 había generado ciertas expectativas de superación socioeconómica y política del país, sobretodo en torno a la figura de Carlos Andrés Pérez quien de alguna manera prometió durante la campaña electoral la posibilidad de la vuelta a la bonanza económica experimentada en su primer mandato (1974-1979). Sin embargo, el anuncio del programa económico liquidó las ilusiones de la población y acentuó el desencanto no sólo hacia el gobierno de Pérez sino hacia un sistema político que evidenciaba la carencia de canales adecuados para la participación política y social. Por tal motivo, a raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron severamente cuestionados los partidos y organizaciones políticas (sobretodo AD y COPEI), al ser presentados como factores contrarios al cambio y sordos a las necesidades de la población, lo cual se evidenciaría en la situación crítica que se experimentó en los años venideros, y que daría paso a dos golpes de Estado en 1992.




FUENTE




El Caracazo o Sacudón fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos, recordando a otro hecho violento ocurrido en Colombia el 9 de abril de 1948; el Bogotazo. La masacre ocurrió el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía MetropolitanaFuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacionalsalieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 300 personas fallecidas y 2000 desaparecidas


Causas Económicas


La economía venezolana cayó a partir del endeudamiento que generó el país después del "boom" petrolero en los 70. A partir de ese momento, comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes para frenar los efectos estructurales fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Sin embargo la quiebra estructural del mercado interno, la falta de Soberanía Económica y Alimentaria, generó una escasez gradual. En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3.879.024 votos (52,91% de los sufragantes), una cifra muy alta, pero con un discurso populista que apelaba a la justicia social.
Con este gran respaldo electoral, el gobierno de Pérez, en lugar de buscar un cambio hacia la inclusión social, giró al liberar la economía, imponiendo su desregulación a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país dentro del modelo neoliberal. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiariadeuda externacomercio exterior, sistema financiero, política fiscal,servicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos, que eran la gran mayoría, lo que derivó en más hambre y desempleo.
Las principales medidas neoliberales anunciadas fueron:
  • Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
  • Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.
  • Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
  • Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
  • Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
  • Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
  • Aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de lagasolina.
  • Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.
  • Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo.
  • Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
  • Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto.
  • Congelación de cargos en la administración pública.
A solo pocas semanas de asumir el gobierno el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes y de medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
Las medidas económicas y sociales impuestas por el gobierno y la creciente tasa de pobreza originaron las protestas populares y la posterior masacre por parte del mismo de Gobierno de Carlos Andrés Pérez, de su ejército y su policía, llamada como el "Caracazo".

Protestas


Las protestas se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 25 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero de 1989, también se desatan los saqueos y la violencia en Caracas, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el abuso, la brutalidad y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más violenta.1
En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios populares y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.
En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela.
Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La GuairaMaracayValenciaBarquisimetoMérida y Ciudad Guayana.
Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia. En la ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones.
Hay un número de muertos no calculado, organismos de Derechos Humanos hablan de miles, hubo también enormes pérdidas materiales y miles de heridos. El Comité de Familiares de las Victimas (COFAVIC) determinó con identificación exacta de las víctimas (cédula de identidad, nombre y apellido, circunstancias de la muerte)un numero de 380 que siempre se consideró parcial (la lista fue entregada al Ministerio Publico). La represión fue especialmente dura en la Universidad Central de Venezuela, así como en los barrios pobres de la capital.2
El poder ejecutivo de Carlos Andrés Pérez, suspendió las garantías constitucionales. Durante varios días la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución política y el asesinato de personas inocentes.
El 2 de marzo, es decir, cuatro días después de iniciadas las protestas, fue fundado -bajo la coordinación de Enrique Ochoa Antich, exdiputado y para entonces Coordinador del Comité para los Derechos Humanos- a las puertas de la morgue de la ciudad el Comité por los Desparecidos y las Víctimas Inocentes que luego cambiaría su nombre por el de COFAVIC (Comité de los Familiares de las Víctimas). Fue este Comité el que informò a los medios nacionales e internacionales de las dimensones de la violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte del Estado venezolano durante los sucesos.

Consecuencias


La consecuencia evidente del Caracazo fue la inestabilidad política. El programa de gobierno fue modificado durante el mismo año tras los hechos, pero hacia la derecha. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios, volviendo más caros los alimentos. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989; lo cual permite un respirodemocrático. En 1992 se producen dos intentos de golpe de estado, uno en febrero y otro en noviembre. La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, la corrupción de la "clase" política y del Bipartidismo tradicional, y el paquete de medidas aplicado tuvo como consecuencia una gran falta de legitimidad del Gobierno de turno y un descontento popular mayoritario. En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado oficialmente de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia por decisión del Congreso Nacional (Actual Asamblea NacionalRamón J. Velásquez, quien es sucedido por Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994Hugo Chávez, uno de los organizadores de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego sobreseído por el Presidente Rafael Caldera, tras lo cual gana las elecciones presidenciales celebradas en 1998. Como fruto político principal de esta tragedia popular y del descontento de las clases subalternas, salió fortalecido el proyecto liderado por el Coronel Hugo Chávez frías, quien luego fuese elegido Presidente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.3 Sin embargo, a finales de 2006 el gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio del Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.4
En 2005 se estrenó en los cines venezolanos "El Caracazo", una película dirigida por Román Chalbaud, cuyo argumento está basado en los sucesos del mismo.

Cifras


  • Muertes: Según la cuestionada cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, a consecuencia de una solicitud a los tribunales de Enrique Ochoa Antich a la sazón Coordinador General del Comité de Familiares de las Víctimas, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. “Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero y los días posteriores es difícil de calcular. De hecho, se habla de entre 2.000 y más de 3.500 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos día de febrero y marzo de 1989. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006, a través de su Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
  • Pérdidas Materiales: Negocios asegurados en Caracas: Bs. 3.073.862.416,03. Negocios no asegurados en Caracas: Se estiman más de 3 mil millones de Bolívares.
  • Locales Saqueados en Caracas: 900 Bodegas, 131 Abastos, 95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de Mercancía en General. En la Pastora sólo quedó en pie el Abasto "El Guanábano", gracias a la protección de la Catequista "Alicia de Luis Ramos" y su hijo "Juan Miguel Luis Ramos"
  • Incendios en Caracas: 154

Personajes